Hoy en día, la protección de la vida y la dignidad humana se encuentra fuera de discusión. Los llamados derechos humanos instalan a la persona humana con un status satisfactorio frente a la comunidad política, tanto en el orden nacional como en el internacional. Más aún, los Estados deben garantizar tales derechos ante la comunidad internacional. La consecuencia lógica de una tal afirmación debiera dejar a la pena de muerte en los confines de cualquier consideración. Sin embargo, la realidad de 58 países en el mundo con pena de muerte aún legislada, abre interrogantes que dejan entrever ciertas constantes que se han convertido en lugares comunes. De igual forma, expresan una paradoja de las propias legitimaciones de las formas políticas que adquieren los Estados. Esta situación nos lleva a repensar la relación, obvia, entre formas autoritarias y la muerte (legal) de los individuos que habitan en los lugares que así se rigen. Por ello parece más necesario que nunca aportar argumentos que se sumen a los brindados por quienes comenzaron las campañas abolicionistas. De allí una nueva explicación para este libro, que destaca la importancia de la campaña jurídica internacional por una moratoria de la pena muerte.